- El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan comparte extensión con el bosque húmedo mejor conservado de Centroamérica, pero las invasiones ilegales, deforestación y minería han destruido más del 30 % de esta área protegida en menos de 10 años.
- De acuerdo con la investigación de la Fundación del Río, las invasiones son promovidas por estructuras locales del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), así como por funcionarios y operadores políticos del régimen presidencial.
- La minería ilegal en la zona ha provocado el tráfico de mercurio y cianuro para la extracción de oro, lo que pone en riesgo a los ríos que cruzan la región.
- El estudio alerta que las invasiones también están desplazando a comunidades indígenas Rama-Kriol, que habían mantenido la conservación del refugio silvestre.
Así lo revela un informe elaborado por la organización Fundación del Río, que advierte una pérdida de cobertura forestal de 13 700 hectáreas, lo que representa un 32 % del bosque del refugio en menos de 10 años.
La publicación señala diferentes procesos de invasión dentro del área protegida que se han reflejado en un aumento de más del 290 % de los incendios sólo en un año. También, en el incremento del 55 % de las infraestructuras ilegales, entre ellas viviendas, así como en la detección de minería ilegal y tráfico de especies en una de las zonas de mayor biodiversidad de la región.
Esto sucede pese a que el refugio es parte de la lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar desde 2001 y forma parte de las zonas núcleos de la Reserva de Biósfera de Río San Juan, reconocida por la UNESCO. Además, está conectado con la Reserva Biológica Indio Maíz, área de importancia mundial por su bosque tropical, cuyo gran porcentaje forma parte del territorio del pueblo indígena Rama y del afrodescendiente Kriol.
El informe señala casos donde los procesos de ocupación ilegal de tierras involucran a operadores locales de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a representantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Amaru Ruiz, investigador y presidente de Fundación del Río, cuenta a Mongabay Latam cómo estas dinámicas ambientales están impactando a territorios y comunidades del sur de Nicaragua, con el permiso u omisión de las autoridades nacionales.
El estudio identificó un aumento del 55 % en la infraestructura dentro del refugio. Foto: cortesía Fundación del Río
Venta de tierras en medio del bosque
El estudio identificó cuatro dinámicas de invasión al refugio silvestre desde 2022. Sin embargo, en todas se destaca el papel de funcionarios y operadores políticos del Frente Sandinista para facilitar la venta informal de tierras en zonas de alta biodiversidad.
“Todos tienen en común que hay una complicidad de permitir y promover el proceso de invasión en ese territorio”, explica Ruiz, pese a la cobertura legal para prohibir la invasión de tierras en el refugio. “No sólo incumplen (las autoridades) sino que actores políticos, partidarios, secretarios, políticos allegados al Frente promueven esa acción”, expone.
El informe señala que estos actores políticos promueven el asentamiento de personas afines al movimiento político o a excombatientes de los años 80 y que no hay documentos legales de por medio en la distribución de tierras del área protegida. “La única garantía es permanecer en el lugar para que no se las quiten”, advierte el estudio.
Las personas asentadas deben pagar poco más de 400 dólares por aproximadamente 35 hectáreas de tierra de bosque, el cual es deforestado para establecer cultivos.
Casa en refugio silvestre de Nicaragua con la bandera nacional y del Frente Sandinista
El informe denuncia la participación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en la invasión al área natural. Foto: cortesía Fundación del Río
El estudio se basó en imágenes satelitales y fotografías aéreas para estimar más de 1500 edificaciones dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, un aumento del 55 % respecto a las detectadas en 2017.
Este aumento de infraestructura, precisa el informe, implica diversos impactos principalmente asociados al crecimiento poblacional, el cual aumentó cerca de un 49 %, pero también conlleva presión de los sistemas de salud y de educación del lado costarricense del río. Además, la demanda de recursos naturales para la alimentación y la contaminación por desechos líquidos y residuos sólidos repercuten en el ecosistema.
Los efectos de la invasión de tierras forestales también se reflejaron en el incremento de incendios forestales dentro del área protegida.
De acuerdo con el mapeo realizado, la incidencia de puntos de calor o quemas agrícolas han venido aumentando drásticamente a partir de 2022. Solo el año pasado, en el refugio ocurrieron al menos 90 quemas agrícolas, esto es 290 % más que en 2023.
Imágenes satelitales muestran el incremento de los asentamiento irregulares dentro del área protegida. Foto: cortesía Fundación del Río
La documentación y testimonios obtenidos por Fundación del Río apuntan también a una omisión del Ejército de Nicaragua en la protección ambiental del refugio, pese a la militarización y control que existe sobre el río San Juan, pues la organización detectó asentamientos a menos de un kilómetro de los puestos de vigilancia.
Para la organización, este patrón representa una forma de control territorial del Ejército de Nicaragua, para tener información en tramos importantes del río fronterizo con Costa Rica.
“Sabemos que hay una comunicación con los liderazgos de los invasores, que se reportan al Ejército. Cuando estuvimos en la zona nos dimos cuenta de que hay una vinculación directa, en términos de información”, cuenta Ruiz, quien vive exiliado de Nicaragua por su labor socioambiental.
El informe sostiene que tras analizar notas de prensa de las fuerzas armadas entre 2023 y 2024, se detectó un aumento de las actividades ilegales en la zona, especialmente vinculadas a la actividad minera, ganadera, de droga y de tráfico de dinero.
Mongabay Latam intentó contactar a autoridades de Nicaragua, así como al Ejército para consultar información sobre el registro de actividades ilegales, vigilancia y conservación en la zona, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
Mapa de asentamientos irregulares en el refugio de vida silvestre Río San Juan, en Nicaragua
Minería ilegal y tráfico de especies en medio del refugio
Si bien el estudio no detectó un punto concreto donde se realiza minería ilegal, sí pudo documentar la existencia de vías dentro del refugio y que conectan con la Reserva Biológica Indio Maíz, donde se han realizado exploraciones para la extracción ilegal de oro.
De acuerdo con la investigación, los mineros tienen diversos mecanismos de entrada del lado nicaragüense, así como sitios de extracción de oro del lado costarricense, como los puntos de Las Cruces y Crucitas en la zona norte de Costa Rica, cerca del río San Juan.
Además, la investigación detectó señales de comercialización ilegal de mercurio y cianuro, sustancias utilizadas para la extracción del oro, cuyos residuos llegan a ser altamente tóxicos para los ecosistemas y la salud humana.
Ruiz explica que la actividad minera dentro del refugio se vale de los puntos mineros del lado de Costa Rica.
“Hay flujo de ambos lados (de la frontera) de material ilícito, que es el tráfico de mercurio y de cianuro. Los mineros que están en la zona de Crucitas vienen principalmente de Nicaragua, son quienes extraen el material y tienen vínculo con la venta de oro”, explica el investigador.
Aumento de incendios, edificaciones y actividad minera en la degradación de los bosques del refugio. Mapa: cortesía de Fundación del Río
Minería ilegal y tráfico de especies en medio del refugio
Si bien el estudio no detectó un punto concreto donde se realiza minería ilegal, sí pudo documentar la existencia de vías dentro del refugio y que conectan con la Reserva Biológica Indio Maíz, donde se han realizado exploraciones para la extracción ilegal de oro.
De acuerdo con la investigación, los mineros tienen diversos mecanismos de entrada del lado nicaragüense, así como sitios de extracción de oro del lado costarricense, como los puntos de Las Cruces y Crucitas en la zona norte de Costa Rica, cerca del río San Juan.
Además, la investigación detectó señales de comercialización ilegal de mercurio y cianuro, sustancias utilizadas para la extracción del oro, cuyos residuos llegan a ser altamente tóxicos para los ecosistemas y la salud humana.
Ruiz explica que la actividad minera dentro del refugio se vale de los puntos mineros del lado de Costa Rica.
“Hay flujo de ambos lados (de la frontera) de material ilícito, que es el tráfico de mercurio y de cianuro. Los mineros que están en la zona de Crucitas vienen principalmente de Nicaragua, son quienes extraen el material y tienen vínculo con la venta de oro”, explica el investigador.
El estudio también documentó obras de dragado sobre el Río San Juan sobre las que no se conocen estudios de impacto ambiental. Foto: cortesía Fundación del Río
El informe también documenta la caza y comercialización ilegal de fauna y flora, incluyendo especies en peligro como la lapa verde y maderas preciosas como el almendro y el cedro. Incluso documenta el aumento de pesca deportiva no regulada, actividad que está impactando a especies emblemáticas como el sábalo real.
Estas actividades de extracción ilegal de recursos ocurren antes de una serie de reformas impulsadas por el gobierno de Ortega-Murillo, que permiten la exploración y explotación de las Áreas Naturales de Nicaragua.
Para Ruiz, este proceso de degradación podrá agravarse con las medidas aprobadas en abril pasado, pues avalan actividades que llegaron a estar prohibidas dentro de las áreas naturales protegidas, especialmente en territorios de los pueblos Rama-Kriol, quienes habían preservado el refugio y sus ecosistemas.
Además, explica que estas dinámicas en los territorios ancestrales se han replicado desde el norte del país, donde áreas como la reserva de biósfera Bosawás enfrentan las mismas amenazas desde hace años.
En menos de 10 años, la pérdida de cobertura forestal en el área natural ha sido del 32 %. Foto: cortesía Fundación del Río
“El proceso de deforestación y deterioro en el sur inició más tarde, pero con la misma dinámica del norte, con una gran diferencia: el sur no tiene los índices de violencia del norte porque la población indígena es más pequeña y tiene una forma diferente de abordar los problemas”, expone el defensor.
Los pueblos Rama y Kriol, quienes han confirmado un gobierno territorial, tienen propiedad en casi el 70% de la Reserva Biológica Indio Maíz, lo que los pone en mayor vulnerabilidad, ante el aumento de las actividades ilegales señaladas en el informe.
“Las comunidades Rama-Kriol han sabido vivir toda su vida en una relación armoniosa y sostenible con su entorno y eso ha permitido la preservación de esos ecosistemas”, afirma Ruiz. Sin embargo considera que conforme este territorio se ha hecho más accesible ha quedado expuesto a las actividades extractivas ilegales.
De acuerdo con el estudio, el refugio aún cuenta con casi 23 000 hectáreas de paisajes intactos —cerca del 51% del bosque—, lo cual aún permitiría la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, el panorama no luce alentador.
El área natural es considerada sitio de importancia Ramsar, zona núcleo de la Reserva de Biósfera de Río San Juan, con 11 ecosistemas y más de 800 especies. Foto: cortesía Fundación del Río
“El proceso de deforestación, al ritmo que llevamos, en tres años puede aumentar el deterioro de los ecosistemas del refugio un 60 %”, advierte el investigador.
Con la publicación del estudio, la organización también pide a la comunidad nacional e internacional exigir el cumplimiento de los compromisos ambientales de Nicaragua para proteger uno de los últimos refugios biológicos de la región.
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